Durante una investigación penal, el Ministerio Público puede pedir a un juez de control una orden de cateo para entrar a un domicilio o a una propiedad privada y buscar personas u objetos relacionados con un delito (artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Puede ocurrir que, al terminar la diligencia, se asegure el inmueble completo, y con él todo lo que hay adentro: mercancía, equipo, vehículos, documentos y bienes de personas que nada tienen que ver con la investigación.
Para el dueño de un negocio, eso significa cerrar las puertas mientras dura la investigación. El juicio de amparo y la suspensión del acto reclamado son el medio para limitar esos efectos. Una jurisprudencia publicada el 6 de noviembre de 2026 resolvió un obstáculo que en algunos tribunales impedía obtener esa suspensión.
Lo que la ley exige a la autoridad que asegura
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo pueden asegurarse los instrumentos, objetos o productos del delito y los bienes en que existan huellas o que pudieran tener relación con él (artículo 229). El Ministerio Público o la policía deben elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se aseguran, firmado por la persona con quien se entiende la diligencia o, a falta de ella, por dos testigos, e informar si cada bien es indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho (artículo 230). Al concluir el cateo debe levantarse un acta circunstanciada ante dos testigos (artículo 288).
El problema que resolvió la jurisprudencia
Quien promueve el amparo contra el aseguramiento pide la suspensión provisional el mismo día en que presenta la demanda. En ese momento es frecuente que aún no tenga el acta del cateo ni el inventario, porque los elabora y los conserva la autoridad. Dos tribunales colegiados de Tamaulipas resolvían de manera opuesta. Para uno, sin esos documentos no había forma de distinguir los bienes relacionados con el delito de los ajenos a él, y la suspensión debía negarse. Para el otro, la falta de documentos que están en poder de la autoridad no puede perjudicar a quien pide la suspensión.
La falta del acta del cateo y del inventario no impide, por sí sola, conceder la suspensión provisional
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE DERIVADO DE UNA ORDEN DE CATEO. LA FALTA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y DEL INVENTARIO DE LOS BIENES ASEGURADOS NO IMPIDE, POR SÍ SOLA, SU OTORGAMIENTO.
El Pleno Regional partió de que la Ley de Amparo dispone, como regla general, que no se suspende la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial (artículo 128). Sin embargo, la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016, determinó que esa regla no es una prohibición absoluta y que el juez debe examinar las particularidades de cada caso.
A partir de ahí, el Pleno Regional fijó dos reglas. La ausencia del acta y del inventario no permite presumir que todo lo que estaba dentro del inmueble quedó asegurado, ni tampoco lo contrario, que todo sea ajeno a la investigación. El juez debe revisar los demás elementos del incidente y, con el conocimiento propio de esa etapa inicial, mantener el aseguramiento sobre los bienes cuya relación con el hecho investigado se advierta, aunque sea de forma indiciaria, y suspender sus efectos respecto de aquellos sobre los que no exista ningún elemento que los vincule, sin considerarlos asegurados por el solo hecho de encontrarse en el lugar.
Negar la suspensión por falta de documentos que corresponde elaborar y resguardar a la autoridad trasladaría a quien pide la protección las consecuencias de una omisión ajena. El criterio es congruente con la jurisprudencia P./J. 30/2001, según la cual, tratándose de inmuebles, la suspensión puede incidir en los efectos materiales del aseguramiento sin dejarlo sin efecto, siempre que no se afecten el interés social ni el orden público.
Jurisprudencia · Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México · PR.P.T.CN. J/20 P (12a.) · registro digital 2032890. Contradicción de criterios 74/2026, resuelta el 24 de septiembre de 2026 por mayoría. Obligatoria desde el 9 de noviembre de 2026.
Consecuencias prácticas
- Quien tenga dentro de un inmueble asegurado bienes que no guardan relación con la investigación, como mercancía, herramientas, equipo de trabajo o bienes de terceros, puede pedir en amparo que se suspendan los efectos del aseguramiento respecto de ellos, sin esperar a contar con el acta del cateo o el inventario.
- La demanda y la solicitud de suspensión deben describir con la mayor precisión posible qué bienes había en el lugar, a quién pertenecen y por qué no tienen relación con los hechos investigados, y acompañar facturas, contratos o fotografías que lo acrediten.
- La suspensión no levanta el aseguramiento sobre lo que sí se vincula con la investigación. Su objeto es que el aseguramiento no se extienda a lo que no tiene relación con ella.
- El Ministerio Público debe notificar el aseguramiento a la persona interesada dentro de los sesenta días naturales siguientes. A partir de esa notificación, quien no se presente a manifestar lo que a su derecho convenga dentro de noventa días naturales se expone a que los bienes causen abandono a favor del Gobierno (artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
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