Análisis · Fiscal

Límite a las deducciones y a las pérdidas fiscales en el ISR de 2027. Estudio de constitucionalidad

La reforma publicada el 13 de noviembre de 2026 limita las deducciones y la disminución de pérdidas de las personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Se examinan su proporcionalidad, equidad, legalidad e irretroactividad, los criterios de la Suprema Corte a favor y en contra, y los plazos del amparo.

Barrespi Abogados21 de noviembre de 202615 min de lectura
96.67%Límite de las deducciones respecto de los ingresos; por debajo, sólo se deduce el 99% de ellas (artículo 78-B).
50%Parte de la utilidad fiscal contra la que pueden disminuirse las pérdidas de ejercicios anteriores (artículo 78-C).
15 de febrero de 2027Vence el plazo de treinta días hábiles para reclamar en amparo, como autoaplicativas, las reglas de los pagos provisionales de 2027.

El 13 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entra en vigor el 1 de enero de 2027. Su disposición de mayor alcance es el nuevo Capítulo X del Título II, denominado «Del Mecanismo de Control de las Deducciones Autorizadas y de las Pérdidas Fiscales» (artículos 78-A a 78-F), que limita, para las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, la parte de sus deducciones y de sus pérdidas que pueden restar en cada ejercicio. Este estudio describe el mecanismo, examina su regularidad frente a los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Constitución, expone los criterios de la Suprema Corte que favorecen y que contradicen cada argumento, y precisa la vía y los plazos para impugnarlo.

A quién se aplica

Conforme al artículo 78-A, el capítulo rige a las personas morales residentes en México que obtengan ingresos acumulables del Título II superiores a 50 millones de pesos y que determinen utilidad fiscal del ejercicio en términos del artículo 9. La renta gravable para la participación de los trabajadores en las utilidades se sigue calculando sin estos límites.

El artículo 78-E excluye a los coordinados, a quienes tributan en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, a las maquiladoras y a las armadoras de vehículos con depósito fiscal (salvo por las enajenaciones en territorio nacional), a las empresas declaradas en quiebra, a quienes aplican beneficios de deducción inmediata de inversiones o de deducción adicional de gastos de capacitación, certificaciones iniciales, modelos de utilidad y patentes, durante su vigencia y sólo respecto de ese beneficio, a las personas morales con menos de cinco ejercicios de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (con excepción de las que se constituyen con los activos y los socios de otra), a las sociedades que surjan de una fusión o escisión dentro de ese mismo plazo, a las instituciones de seguros y a los permisionarios de expendio y distribución de gasolinas y diésel.

El límite a las deducciones

El artículo 78-B, apartado A, prevé dos supuestos, según la proporción que guarden las deducciones autorizadas con los ingresos acumulables del ejercicio:

  • Cuando las deducciones no exceden del resultado de multiplicar los ingresos por 0.9667, sólo puede restarse el 99% de ellas (fracción I). El 1% restante se difiere.
  • Cuando las deducciones exceden de ese resultado, el límite es el propio 96.67% de los ingresos (fracción II). Por construcción, la empresa con utilidad declara una utilidad fiscal de al menos 3.33% de sus ingresos y paga un impuesto cercano al 1% de ellos (30% de 3.33%), cualquiera que sea el monto de su utilidad real.

Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores sólo pueden disminuirse hasta por el 50% de la utilidad fiscal del ejercicio, calculada después del límite a las deducciones (artículo 78-C). El mismo porcentaje rige en los pagos provisionales (artículo 78-D). Para los pagos provisionales de 2027, la fracción I del Artículo Segundo transitorio ordena multiplicar el coeficiente de utilidad por 1.0658 o, cuando las deducciones de la última declaración anual excedieron del 96.67% de los ingresos, por 2.6162.

El artículo 78-A se refiere a quien determine utilidad fiscal en el ejercicio. Leído en sus términos, el mecanismo no alcanza a la empresa cuyas deducciones superan sus ingresos, porque en ese caso el artículo 9 no arroja utilidad sino una pérdida fiscal (artículo 57). La ley impone una utilidad mínima a quien tiene un margen positivo menor a 3.33%, y no la impone a quien tiene pérdida. Esta consecuencia del texto se retoma al examinar la equidad.

Qué pasa con las deducciones que exceden el límite

Las deducciones que no se restaron por efecto del límite «podrán disminuirse en los veinte ejercicios siguientes hasta agotarlas» (artículo 78-B, apartado B). La fracción I de ese apartado contesta la pregunta de qué ocurre si en el ejercicio siguiente vuelve a rebasarse el límite. En cada ejercicio se suman las deducciones pendientes de ejercicios anteriores y las del ejercicio, y a esa suma se aplica otra vez el límite del apartado A. Lo que vuelve a excederlo queda pendiente para el siguiente, hasta que se agote o venza el plazo de veinte ejercicios.

El remanente se actualiza por inflación (fracción II). Si el contribuyente no lo disminuye pudiendo hacerlo, pierde el derecho por esa cantidad (fracción III). El derecho es personal y no se transmite por fusión ni por escisión, y las deducciones pendientes no se consideran pérdida fiscal para efectos del artículo 57.

El efecto depende del margen de la empresa. El siguiente ejemplo supone ingresos constantes de 100 millones de pesos y, para simplificar, omite la actualización y la participación de los trabajadores en las utilidades.

Empresa con deducciones de 99 millones (utilidad real de 1 millón)

EjercicioDeducción admitidaUtilidad fiscalImpuestoPendiente acumulado
202796,670,0003,330,000999,0002,330,000
202896,670,0003,330,000999,0004,660,000
202996,670,0003,330,000999,0006,990,000
……………
204696,670,0003,330,000999,00046,600,000

Sin el mecanismo, el impuesto sería de 300 mil pesos anuales (30% de 1 millón). Con él, la empresa paga 999 mil pesos cada año, casi la totalidad de su utilidad real, y el pendiente crece 2.33 millones por ejercicio sin que exista un año en que pueda absorberse. Lo diferido en 2027 sólo puede disminuirse hasta 2047.

Empresa con deducciones de 80 millones (utilidad real de 20 millones)

En 2027 sólo se admiten 79.2 millones; el impuesto es de 6.24 millones en lugar de 6 millones. Desde 2028 el pendiente se estabiliza en alrededor de 808 mil pesos y el impuesto anual vuelve a ser prácticamente el que corresponde a la utilidad real. El efecto se reduce a un anticipo de impuesto en el primer ejercicio y a una deducción que permanece pendiente mientras la empresa siga sujeta al capítulo.

La ley no resuelve tres cuestiones que inciden en la base del impuesto: en qué orden se aplican las deducciones pendientes de distintos ejercicios cuando sólo se absorbe una parte, y de ese orden depende cuáles vencen primero; qué sucede con el pendiente cuando la empresa deja de superar los 50 millones de pesos o pasa a uno de los supuestos de exclusión del artículo 78-E, y cómo se computan los veinte ejercicios de las pérdidas, porque el artículo 78-C remite al artículo 57, que conserva el plazo de diez ejercicios. El artículo 78-F faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general «para la debida aplicación» del capítulo.

Proporcionalidad tributaria

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución obliga a contribuir «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». La Suprema Corte ha sostenido que la proporcionalidad exige que el tributo atienda a la capacidad contributiva real del sujeto, y que en el impuesto sobre la renta esa capacidad se mide por la utilidad, lo que obliga al legislador a reconocer las deducciones estructurales.

La base del impuesto debe guardar relación con la capacidad contributiva real

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.

Para que un gravamen sea proporcional, el hecho imponible debe reflejar una auténtica manifestación de capacidad económica, y debe existir una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa.

Jurisprudencia · Pleno · P./J. 109/99 · registro digital 192849

Las deducciones estructurales debe reconocerlas el legislador

DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La Primera Sala distinguió entre deducciones estructurales, que el legislador debe reconocer, por regla general, para que el impuesto se ajuste a la capacidad contributiva, y deducciones no estructurales o beneficios, que obedecen a fines de política fiscal o extrafiscal. Las primeras no suponen una disminución de los recursos del erario, porque el Estado sólo deja de percibir ingresos que materialmente no le corresponden.

Jurisprudencia · Primera Sala · 1a./J. 15/2011 · registro digital 162889

En la misma línea, la Segunda Sala sostuvo que las deducciones estructurales derivan directamente de los principios de justicia fiscal y que la forma corporativa de una persona moral no justifica impedir su goce de modo absoluto e irrestricto (tesis aislada 2a. LV/2014 (10a.), registro digital 2006745). También calificó las pérdidas fiscales como un concepto estructural integrado por erogaciones necesarias para generar los ingresos, y afirmó que su disminución es «un derecho legal para hacer efectivo el principio de la proporcionalidad tributaria» y no una concesión graciosa del legislador (tesis aislada 2a. CXXXI/2017 (10a.), registro digital 2015164).

La Corte ha declarado inconstitucionales normas que impedían restar conceptos que forman la utilidad. La Primera Sala resolvió que condicionar la disminución de las pérdidas por enajenación de acciones al monto de las ganancias del mismo concepto obligaba a contribuir conforme a una utilidad que no refleja la operación del contribuyente (tesis aislada 1a. LXXXIV/2008, registro digital 169127), y que negar efectos fiscales a la revaluación de inventarios provocaba «la determinación de una utilidad mayor a la generada en términos reales» (jurisprudencia 1a./J. 126/2007, registro digital 171354).

Con base en esos criterios pueden construirse los siguientes argumentos contra el artículo 78-B:

  1. El límite recae sobre la totalidad de las deducciones autorizadas, que son en su gran mayoría estructurales (costo de lo vendido, salarios, arrendamientos, depreciaciones), sin distinguir entre gastos susceptibles de abuso y gastos ordinarios.
  2. En el supuesto de la fracción II, la base gravable deja de ser la utilidad y pasa a ser una fracción fija de los ingresos. El impuesto cercano al 1% de los ingresos se causa aunque la utilidad real sea menor, y puede igualar o superar esa utilidad, como muestra el ejemplo.
  3. El diferimiento no corrige el exceso cuando el margen es estructuralmente bajo, porque la fracción I del apartado B vuelve a aplicar el límite a la suma de lo pendiente y lo corriente. La deducción no se recupera dentro de los veinte ejercicios y se extingue.
  4. La propia ley reconoce que la utilidad sujeta al límite no es la real: el segundo párrafo del artículo 78-A ordena calcular la renta gravable para la participación de los trabajadores en las utilidades sin aplicar el capítulo.

Respecto de las pérdidas, el límite del 50% del artículo 78-C no suprime el derecho, pero lo difiere. Su inconstitucionalidad depende de demostrar que, por la duración del diferimiento, la pérdida no podrá absorberse dentro del plazo legal.

Los criterios que sostienen la validez de los límites

Un estudio completo debe ponderar la jurisprudencia contraria, que es abundante y reciente.

El legislador puede limitar la disminución de pérdidas

PÉRDIDAS FISCALES. EL LEGISLADOR ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECER REQUISITOS, MODALIDADES O LIMITANTES AL DERECHO A DISMINUIRLAS DE LA UTILIDAD FISCAL, PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Que las pérdidas sean un concepto estructural no impide al legislador establecer requisitos, modalidades o limitantes, con base en un amplio, aunque no ilimitado, margen de configuración, siempre que respete el artículo 31, fracción IV.

Tesis aislada · Segunda Sala · 2a. CXXXII/2017 (10a.) · registro digital 2015159

La misma Sala validó el plazo de diez ejercicios del artículo 57 al considerar que el principio de proporcionalidad «no es absoluto» y admite restricciones (tesis aislada 2a. CXXXIII/2017 (10a.), registro digital 2015158).

Una deducción estructural puede limitarse con una finalidad constitucional, si la medida es racional y razonable

RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LAS EROGACIONES QUE A SU VEZ CONSTITUYAN INGRESOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

La Segunda Sala admitió el límite a las prestaciones exentas porque persigue el combate a la elusión, guarda relación instrumental con ese fin y no anula el reconocimiento de la erogación. Entre sus razones señaló «la ausencia de impuestos mínimos de control» en el sistema del impuesto sobre la renta.

Jurisprudencia · Segunda Sala · 2a./J. 189/2016 (10a.) · registro digital 2013224

Sobre el límite a los intereses netos del artículo 28, fracción XXXII, que la reforma reduce del 30% al 20% de la utilidad fiscal ajustada, la Primera Sala resolvió que no vulnera la proporcionalidad porque no prohíbe la deducción sino que la limita, y porque existe «la viabilidad de que la deducción sea integral», con diez ejercicios para restar el remanente (tesis aislada 1a. XXXI/2022 (11a.), registro digital 2025500). Añadió que la medida es razonable por su congruencia con el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios de la OCDE (tesis aislada 1a. XXXII/2022 (11a.), registro digital 2025497).

El Pleno validó en su momento el impuesto empresarial a tasa única como impuesto mínimo, concebido para que se pague cuando menos ese tributo cuando por cualquier razón no se paga el impuesto sobre la renta (jurisprudencia P./J. 121/2010, registro digital 163135), y el impuesto al activo, con fines de control del impuesto sobre la renta (jurisprudencia P./J. 11/96, registro digital 200156).

La defensa del contribuyente debe distinguir su caso de esos precedentes. En los intereses, la Corte apoyó la validez en que la deducción podía llegar a ser integral; en el supuesto de la fracción II del artículo 78-B, la empresa de margen bajo no puede recuperar lo diferido. El límite a las prestaciones exentas y el de los intereses recaen sobre conceptos específicos relacionados con prácticas de elusión identificadas; el del artículo 78-B recae sobre todas las deducciones. El impuesto empresarial a tasa única y el impuesto al activo eran contribuciones distintas del impuesto sobre la renta, que funcionaban como impuestos de control frente al impuesto controlado; el del activo se examinó a partir de su propio objeto, los activos concurrentes a la obtención de utilidades. El nuevo capítulo introduce el mínimo dentro del impuesto sobre la renta, cuyo objeto es la utilidad, y frente a ese objeto debe medirse.

Equidad tributaria

La equidad exige dar el mismo trato a quienes se encuentran en igual situación frente al tributo y justificar objetivamente las distinciones. El capítulo establece tres diferencias que deben justificarse:

  • El umbral de 50 millones de pesos. Opera como un salto: la empresa que lo rebasa por una cantidad mínima queda sujeta al límite sobre la totalidad de sus deducciones, y la que no lo alcanza no tiene límite alguno.
  • Utilidad reducida frente a pérdida. En su lectura literal, la empresa con margen positivo de 1% paga el impuesto mínimo y la que tiene pérdida no lo paga. La medida grava más a quien obtiene utilidad que a quien no la obtiene.
  • Las exclusiones del artículo 78-E. Si la razón para excluir a los permisionarios de expendio y distribución de combustibles fue el margen reducido de esa actividad, la misma razón concurre en otras actividades de márgenes bajos, como el comercio al mayoreo, que quedan sujetas al límite. La justificación del trato distinto debe constar en el proceso legislativo.

Si las exclusiones responden a fines de política económica o social y no a la recaudación, la Primera Sala exige que el legislador los justifique expresamente en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la misma ley, porque el control de constitucionalidad debe atender a las justificaciones expresadas por los órganos que crean la ley «y no a las posibles ideas que haya tenido» (jurisprudencia 1a./J. 46/2005, registro digital 178454). La revisión del proceso legislativo del decreto es, por ello, parte necesaria del argumento de equidad.

La Segunda Sala ha examinado distinciones de este tipo verificando que persigan una finalidad constitucionalmente válida, que sean idóneas y que no afecten de manera desproporcionada otros bienes constitucionales; así lo hizo con el régimen opcional para grupos de sociedades (tesis aislada 2a. XXII/2017 (10a.), registro digital 2013900). El mismo examen se aplica a estas tres distinciones.

Legalidad tributaria

La base del impuesto es un elemento esencial que debe fijar el legislador. La Primera Sala declaró inconstitucional que la ley permitiera a la autoridad administrativa decidir, mediante reglas de carácter general, qué pérdidas por enajenación de acciones eran deducibles, porque así la base quedaba determinada por la autoridad y no por la ley (jurisprudencia 1a./J. 86/2004, registro digital 180269). Las tres cuestiones que el capítulo no resuelve (orden de aplicación de los pendientes, destino del pendiente al salir del supuesto y cómputo de los veinte ejercicios de las pérdidas) inciden en la base. Si las resuelven las reglas del artículo 78-F, el argumento de legalidad tiene sustento.

En contra, la Segunda Sala ha sostenido que la legalidad tributaria no impide acudir a los métodos de interpretación para definir los elementos esenciales, sino las aplicaciones analógicas (jurisprudencia 2a./J. 26/2006, registro digital 175569), y la Primera Sala aceptó que el concepto de utilidad fiscal ajustada podía entenderse a partir de la propia ley (jurisprudencia 1a./J. 69/2024 (11a.), registro digital 2028573). El argumento será más sólido mientras más claramente se demuestre que la ley no ofrece una respuesta.

Irretroactividad

El artículo 14 constitucional prohíbe dar efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna. Dos disposiciones transitorias deben examinarse.

Pérdidas generadas antes de 2027. La fracción II del Artículo Segundo transitorio aplica el límite del 50% a las pérdidas pendientes de ejercicios anteriores y amplía a veinte ejercicios el plazo para disminuirlas. A favor del contribuyente, la Segunda Sala sostuvo que el derecho a disminuir las pérdidas y el periodo para hacerlo se rigen por la ley vigente en el ejercicio en que se produjeron (jurisprudencia 2a./J. 51/2003, registro digital 183213). Conforme a la teoría de los componentes de la norma, la ley posterior no puede modificar las consecuencias que, nacidas del supuesto realizado bajo la ley anterior, sólo estaban diferidas en el tiempo (jurisprudencia P./J. 123/2001, registro digital 188508). En contra, la Primera Sala resolvió que el límite a los intereses no es retroactivo porque sólo modifica «elementos variables de la deducción, como son los montos máximos a deducir», respecto de los cuales no existen derechos adquiridos (jurisprudencia 1a./J. 208/2023 (11a.), registro digital 2027794). La autoridad invocará, además, el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones previstas en las leyes vigentes durante el lapso en que ocurren y se determinan conforme a las disposiciones vigentes al causarse; el impuesto del ejercicio 2027 se causa ya con la ley reformada. El argumento debe centrarse en las pérdidas ya generadas al 31 de diciembre de 2026 y en el monto que, por efecto del límite, no podrá disminuirse dentro del plazo con que se generaron.

Grupos de sociedades. La fracción V del mismo transitorio ordena la desintegración de los grupos el 1 de enero de 2027 y el pago del impuesto diferido a más tardar el 31 de diciembre de 2027; el del tercer ejercicio anterior, a más tardar el 31 de marzo de 2027. El régimen derogado permitía diferir una parte del impuesto durante tres años (tesis aislada 2a. XXII/2017 (10a.), registro digital 2013900), de modo que puede plantearse que la ley nueva anticipa una consecuencia diferida conforme a la anterior. En contra, la Primera Sala resolvió que la salida del régimen de consolidación en 2014 no fue retroactiva, porque las controladoras sólo tenían una expectativa de desconsolidar conforme a la ley abrogada (tesis aislada 1a. LI/2019 (10a.), registro digital 2020140).

La vía: amparo indirecto contra la ley

El Pleno distingue la norma autoaplicativa, cuyas obligaciones nacen con su entrada en vigor, de la heteroaplicativa, que requiere un acto que condicione su aplicación (jurisprudencia P./J. 55/97, registro digital 198200). La distinción define el plazo.

Un límite que se calcula al final del ejercicio es de naturaleza heteroaplicativa

RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.

La Segunda Sala resolvió que el límite a los intereses no causa perjuicio con su sola entrada en vigor, porque depende de que los intereses excedan el monto legal y el cálculo se hace al final del ejercicio, en la declaración anual.

Jurisprudencia · Segunda Sala · 2a./J. 36/2021 (11a.) · registro digital 2024047

Por identidad de razón, los artículos 78-B y 78-C, que dependen de los ingresos y de la utilidad del ejercicio, serían heteroaplicativos. En cambio, el artículo 78-D y la fracción I del Artículo Segundo transitorio, que rigen los pagos provisionales de 2027, se apoyan en hechos ya ocurridos: los ingresos del ejercicio anterior o de la última declaración anual y la existencia de pérdidas pendientes. Para quien ya se encuentra en esos supuestos, puede sostenerse que vinculan desde el 1 de enero de 2027.

Plazos (artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo)

  • Como norma autoaplicativa: treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor. Excluidos el 1 de enero, el 5 de febrero, los sábados y los domingos, el plazo vence el lunes 15 de febrero de 2027. Si el órgano jurisdiccional suspende labores algún día del periodo, ese día tampoco cuenta.
  • Con motivo del primer acto de aplicación: quince días hábiles. La autoliquidación es acto de aplicación de la ley a partir del cual corre el plazo (jurisprudencia 2a./J. 153/2007, registro digital 171860). Si el pago provisional de enero de 2027 se presenta el 17 de febrero, el plazo vence el 10 de marzo de 2027. Para los artículos 78-B y 78-C, el acto de aplicación será la declaración anual de 2027, que se presenta a más tardar el 31 de marzo de 2028 (artículo 9 de la ley del impuesto).

La norma impugnable desde su vigencia no se tiene por consentida si se reclama con motivo del primer acto de aplicación (artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo). La demanda contra una norma que requiere acto de aplicación posterior, promovida antes de ese acto, es improcedente (fracción XII del mismo artículo).

La impugnación requiere probar que la quejosa se ubica en el supuesto: ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos, utilidad fiscal y, en su caso, pérdidas pendientes. La Segunda Sala ha precisado que la proporcionalidad y la equidad de una norma fiscal se examinan atendiendo al universo de contribuyentes que se ubican en ella, y que el quejoso no está obligado a demostrar que los demás se encuentran en su misma situación, salvo que haga derivar la violación exclusivamente de sus circunstancias particulares (tesis aislada 2a. LXXX/2001, registro digital 189411). El concepto de violación debe plantearse, por ello, respecto de la categoría de empresas con margen inferior a 3.33%, y no sólo de la situación de la quejosa. La prueba pericial contable sirve para acreditar que pertenece a esa categoría y para mostrar el efecto del límite sobre su utilidad real.

Conclusiones

  1. El límite del 99% de las deducciones (fracción I del artículo 78-B) produce un diferimiento cuyo efecto, para empresas de margen amplio, se reduce prácticamente al primer ejercicio. La jurisprudencia sobre los intereses y las prestaciones exentas le es desfavorable.
  2. El límite del 96.67% de los ingresos (fracción II) convierte la base en una proporción de los ingresos y, para empresas con margen inferior a 3.33%, genera un impuesto que puede igualar o superar la utilidad real, con un diferimiento que no llega a recuperarse. Es el supuesto con mayor sustento en la jurisprudencia sobre deducciones estructurales.
  3. El límite del 50% a las pérdidas, aplicado a pérdidas generadas antes de 2027, admite un planteamiento de irretroactividad sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 51/2003, frente al criterio contrario de la 1a./J. 208/2023.
  4. La vía es el amparo indirecto. Para la parte del mecanismo que rige los pagos provisionales, el plazo como norma autoaplicativa vence el 15 de febrero de 2027; para el límite anual, el primer acto de aplicación será la declaración del ejercicio 2027.

El resumen de la reforma completa puede consultarse en Reforma a la Ley del ISR para 2027.

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Este texto tiene carácter informativo y no constituye asesoría para un caso concreto, cuya solución depende de sus documentos y fechas.