Análisis · Protección animal

Del principio pro persona al principio pro animal. La regla de interpretación de la nueva Ley General de Bienestar Animal

La nueva ley ordena a las autoridades favorecer en todo tiempo la interpretación que más proteja a los animales. Qué toma del principio pro persona, en qué se separa y qué dicen ya la Suprema Corte y los tribunales colegiados.

Barrespi Abogados19 de noviembre de 202612 min de lectura
Art. 1, fr. VOrdena favorecer en todo tiempo la interpretación que más proteja a los animales.
Rango legalOpera dentro de la Constitución y no desplaza los derechos humanos.
CDMX, 2025Un tribunal colegiado sostuvo que los animales tienen derechos que pueden ser judicializados.

Desde la reforma constitucional de 2011, la expresión «favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia» se convirtió en la frase más citada del derecho mexicano. Quince años después, el Congreso de la Unión trasladó esa misma fórmula a un terreno nuevo. La Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que el Senado aprobó el 29 de septiembre de 2026 y la Cámara de Diputados el 18 de noviembre siguiente, ordena a las autoridades favorecer «en todo tiempo» la interpretación que otorgue «la mayor protección posible a los animales».

Surge entonces una pregunta: ¿nace un principio pro animal con la misma fuerza que el principio pro persona? Este texto compara las dos reglas, explica en qué se parecen, en qué se separan y qué consecuencias prácticas tendrá la nueva para autoridades, abogados postulantes y personas que conviven con animales.

El principio pro persona: qué ordena y hasta dónde llega

El artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: «Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.»

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado su contenido en dos direcciones.

Como criterio para elegir la norma. Cuando un mismo derecho está reconocido en la Constitución y en un tratado internacional con alcances distintos, «deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción» (1a./J. 107/2012 (10a.), registro 2002000).

Como criterio para elegir la interpretación. Ante dos o más interpretaciones admisibles de una norma, se acoge la que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. La Primera Sala exige que esas interpretaciones sean «plausibles», es decir, el resultado de técnicas válidas de interpretación (1a. CCVII/2018 (10a.), registro 2018781).

La propia Corte ha marcado sus límites. El principio pro persona no obliga a resolver conforme a lo que pide quien lo invoca, «ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca», porque no puede ser «constitutivo de "derechos"» que no encuentren sustento en las reglas aplicables (1a./J. 104/2013 (10a.), registro 2004748). Y cuando la Constitución establece una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, «se deberá estar a lo que indica la norma constitucional» (P./J. 20/2014 (10a.), registro 2006224).

En síntesis, el principio pro persona tiene rango constitucional, opera sobre todas las normas de derechos humanos, obliga a todas las autoridades y funciona como criterio de selección entre normas o interpretaciones válidas, dentro de los límites que fija la propia Constitución.

La regla de la nueva ley: el principio pro animal

El artículo 1, fracción V, del texto aprobado establece:

«En la interpretación y aplicación de las disposiciones relativas a la protección, y al bienestar de los animales, las autoridades favorecerán en todo tiempo la interpretación y aplicación de las normas que otorguen la mayor protección posible a los animales, privilegiando aquella que garantice de manera más amplia su bienestar físico, mental y conductual, y minimice el dolor, el sufrimiento, el miedo, el estrés y cualquier afectación innecesaria, de conformidad con la Constitución, la legislación aplicable y los conocimientos científicos más actualizados.»

El mismo artículo 1 reconoce a los animales «como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte del ser humano» y declara la ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional, que desde la reforma publicada el 2 de diciembre de 2024 dispone: «Queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.»

Las organizaciones de protección animal ya le dieron nombre: principio pro animal. Por su origen también podría llamarse principio pro ser sintiente, porque su razón de ser es la capacidad del animal de sentir dolor, miedo y estrés.

Lo que comparten las dos reglas

La fórmula. El legislador tomó del artículo 1o. constitucional la expresión «favorecer en todo tiempo». La coincidencia es deliberada y orienta la lectura de la nueva regla.

La función. Las dos sirven para escoger. Ante varias normas aplicables o varias lecturas posibles de una misma norma, obligan a quedarse con la que protege más.

Los destinatarios. Ambas se dirigen a las autoridades. En el caso de la ley general, a las de los tres órdenes de gobierno que apliquen disposiciones de protección y bienestar animal: secretarías federales, gobiernos estatales, municipios, tribunales administrativos y jueces de amparo.

Seis diferencias que deciden su alcance

Principio pro personaPrincipio pro animal
FuenteConstitución, art. 1o.Ley General, art. 1, fracc. V
RangoConstitucionalLegal, sujeto a la Constitución
ÁmbitoTodas las normas de derechos humanosSólo las disposiciones de protección y bienestar animal
A quién favoreceA la persona, titular de derechosAl animal, ser sintiente y sujeto de cuidado
Frente a otras normasPrevalece salvo restricción constitucional expresaCede ante la Constitución y los derechos humanos
Parámetro adicionalTratados internacionalesConocimientos científicos más actualizados

1. El rango. El principio pro persona está en la Constitución. El pro animal está en una ley general que se apoya en la prohibición de maltrato del artículo 4o. Por eso la propia fracción V aclara que opera «de conformidad con la Constitución». No puede invocarse para dejar de aplicar un precepto constitucional ni para desplazar un derecho humano.

2. El ámbito. El pro persona rige en todo el ordenamiento. El pro animal sólo rige la interpretación de las «disposiciones relativas a la protección, y al bienestar de los animales». Fuera de esa materia, no tiene aplicación.

3. El beneficiario. La ley general no declara a los animales titulares de derechos; los reconoce como seres sintientes y como sujetos de cuidado. La regla protege un bien jurídico, el bienestar animal, que la Primera Sala ya identificó como objeto de tutela al resolver que el uso de métodos crueles revela «un mayor grado de desprecio y desvalor del bien jurídico que es el bienestar de los animales» (1a./J. 28/2025 (11a.), registro 2030237).

4. La relación con los derechos humanos. Cuando la protección animal se enfrente con la libertad de trabajo, la propiedad, la libertad religiosa o los derechos culturales, el conflicto se resuelve con los métodos del derecho constitucional, no con la regla de la ley. Un ejemplo ilustra el punto: la Primera Sala sostuvo que penalizar el maltrato animal no vulnera la libertad de religión, pero lo resolvió porque el propio artículo 24 constitucional excluye de esa libertad las prácticas que constituyan delito (1a./J. 48/2025 (11a.), registro 2030368). La protección animal prevaleció por una razón constitucional: la restricción que el propio artículo 24 establece.

5. La jerarquía normativa. Una regla de interpretación no altera el orden entre leyes y reglamentos. La Segunda Sala declaró que un reglamento municipal de Tepic que prohibía de forma absoluta las peleas de gallos violaba el principio de subordinación jerárquica, porque la ley de Nayarit las permitía bajo autorización (2a./J. 90/2024 (11a.), registro 2029419). Según la nota de la propia tesis, ese criterio dio lugar a la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2025, que el Pleno declaró procedente y fundada el 3 de febrero de 2026. La nueva ley general deja a las entidades federativas legislar sobre peleas de gallos, corridas de toros, jaripeos, cabalgatas y charrería, «considerando en todo momento el principio de progresividad» (artículo 7 del texto aprobado). La protección mayor tendrá que venir de las leyes estatales; el principio pro animal no autoriza a un municipio a prohibir lo que la ley de su estado permite.

6. La ciencia como parámetro. La regla agrega un elemento que el pro persona no tiene: la interpretación debe atender a «los conocimientos científicos más actualizados». En un litigio, ese mandato da peso a los dictámenes de medicina veterinaria y de etología sobre dolor, estrés y comportamiento propio de cada especie.

¿Tienen derechos los animales? Lo que ya dicen los tribunales

Los tribunales ya se pronunciaron sobre el tema. En noviembre de 2025, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicó dos criterios aislados, derivados de un amparo contra la omisión de las autoridades de impedir la venta irregular de animales en el Mercado de Sonora.

En el primero sostuvo que, a partir del reconocimiento de los animales como seres sintientes en la Constitución y las leyes de la Ciudad de México, «en la Ciudad de México los animales tienen derechos reconocidos que pueden ser judicializados» (I.20o.A.101 A (11a.), registro 2031508).

En el segundo ordenó a los jueces de amparo analizar estos casos con «perspectiva sensible al bienestar animal», que les ayude a «identificar circunstancias aparentemente "inofensivas" o "normales" que pueden afectarlos», y propuso como marco de análisis la lógica de las obligaciones generales sobre derechos humanos, «siempre calibrada o modulada a derechos no humanos de seres sintientes» (I.20o.A.100 A (11a.), registro 2031502).

Son tesis aisladas de un tribunal colegiado y se refieren a la legislación de la Ciudad de México, de modo que orientan pero no obligan en el resto del país. Muestran, sin embargo, la dirección en que puede crecer el principio pro animal: la ley general fija el piso y permite que cada entidad reconozca una protección mayor, incluso en forma de derechos.

La Segunda Sala, por su parte, ya derivó obligaciones concretas del nuevo artículo 4o. Al resolver el caso de una elefanta en un zoológico de la Ciudad de México, sostuvo que las autoridades ambientales federales tienen facultades en la materia y que «están vinculadas a prevenir, advertir, controlar y vigilar las acciones que se toman dentro de los zoológicos, a fin de proteger y garantizar el bienestar animal» (2a. IV/2025 (11a.), registro 2030861).

La regla no permite crear infracciones ni agravar sanciones

La ley general prevé multas que, en materia federal, van de 50 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización, arresto administrativo, clausura y decomiso. Para imponerlas, la autoridad debe ubicar la conducta en una infracción descrita en la ley.

El Pleno de la Suprema Corte ha reiterado que en la interpretación de los principios del derecho administrativo sancionador «puede acudirse a los principios sustantivos de la materia penal, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza punitiva» (P./J. 13/2026 (12a.), registro 2031857). Entre esos principios están la legalidad y la tipicidad. Por eso, en nuestra opinión, el principio pro animal sirve para escoger entre lecturas válidas de una infracción, pero no para extenderla por analogía a conductas que la ley no describe ni para agravar una multa más allá de lo previsto.

Consecuencias prácticas

Para las autoridades. Al inspeccionar un criadero, resolver una denuncia o fijar el destino de un animal decomisado, deberán escoger, entre las opciones que la ley permite, la que mejor garantice el bienestar físico, mental y conductual del animal, y tendrán que motivarlo.

Para los abogados postulantes. La regla abre un argumento nuevo en amparos, juicios de nulidad y recursos de revisión: si una disposición admite dos lecturas, la autoridad debió preferir la más protectora. Ese argumento se fortalece con prueba pericial veterinaria, por el mandato de atender a la ciencia más actualizada.

Para quienes tienen animales. La ley exige cuidados concretos: alimento, agua, atención veterinaria, identificación, registro y esterilización de perros y gatos. Cuando una obligación admita dudas, la autoridad las resolverá a favor del animal.

Conclusión

El principio pro animal es un principio de interpretación de rango legal, inspirado en el principio pro persona, que obliga a las autoridades a escoger, entre las lecturas posibles de una norma de protección animal, la que más proteja el bienestar del animal. Opera dentro de la Constitución, no desplaza los derechos humanos, no altera la jerarquía entre leyes y reglamentos ni permite crear infracciones. Dentro de esos límites, es la herramienta más importante que trae la nueva ley para que la prohibición constitucional del maltrato tenga efecto en cada caso concreto.

La ley fue aprobada por el Congreso de la Unión y está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación; entrará en vigor 60 días naturales después de publicada. La numeración de los artículos citados corresponde al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2026.

La presentación de 18 diapositivas sobre la nueva ley, con las obligaciones de quienes tienen animales, las multas y los plazos, está en Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Qué cambia para quienes tienen animales.

¿Requiere asesoría sobre este tema?

Exponga su situación y le indicaremos los medios de defensa disponibles y sus plazos.

Este texto tiene carácter informativo y no constituye asesoría para un caso concreto, cuya solución depende de sus documentos y fechas.