Cuando un juez penal condena a una persona, además de la prisión puede imponerle la reparación del daño, que es la obligación de resarcir a la víctima por lo que el delito le causó. Es un derecho de la víctima reconocido en el artículo 20 de la Constitución. La reparación puede fijarse en la propia sentencia o, cuando ésta sólo condena a pagarla, en el procedimiento de ejecución, donde se determina la cantidad exacta.
Como toda pena, la reparación del daño prescribe: pasado cierto tiempo sin hacerla efectiva, ya no puede cobrarse. El Pleno de la Suprema Corte resolvió desde cuándo corre ese plazo y qué debe hacerse dentro de él.
El caso
Una persona cometió un secuestro en 2002 y fue condenada en 2006, con la obligación de reparar el daño a la víctima. En 2022 pidió que esa pena ya no se le cobrara, porque habían transcurrido los diez años de prescripción que fijaba el artículo 178 del Código Penal de Coahuila vigente en 2006. El juez ordenó el pago, la apelación lo confirmó, el juzgado de distrito negó el amparo y la Suprema Corte atrajo el recurso de revisión.
El plazo de prescripción de la reparación del daño empieza cuando la víctima es notificada efectivamente de la sentencia firme
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. EL PLAZO PARA SU PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA ES EFECTIVAMENTE NOTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA VIGENTE EN 2006).
La víctima sólo puede actuar en el procedimiento de ejecución para que se cuantifique la reparación si sabe que la condena quedó firme. Por eso el Pleno sostuvo que la notificación debe ser efectiva. Una notificación por lista, o la hecha a quien no es su asesor jurídico, autorizado o representante legal, no garantiza ese conocimiento; el juez debe verificar con los medios a su alcance que la víctima fue notificada personalmente.
Si se comprueba que la víctima fue notificada en algún momento, el plazo corre desde entonces. Si hay varias víctimas, el plazo corre para cada una por separado. Si no hay certeza de la notificación, debe concluirse que el plazo no ha transcurrido, o contarlo a partir del momento en que la notificación ocurrió, por ejemplo, durante el procedimiento de ejecución, en algún recurso o en un juicio de amparo.
Jurisprudencia · Pleno de la Suprema Corte · P./J. 226/2026 (12a.) · registro digital 2032919. Amparo en revisión 433/2025, resuelto el 18 de marzo de 2026 por mayoría de ocho votos. Obligatoria desde el 17 de noviembre de 2026.
La cantidad de la reparación debe fijarse dentro del plazo de prescripción, que no se detiene mientras se cuantifica
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU MONTO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEBE REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA PENA (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA VIGENTE EN 2006).
El código de Coahuila permitía cuantificar el monto de la reparación en el procedimiento de ejecución, pero esa regla no interrumpe, aplaza ni suspende el plazo de prescripción, que corre en paralelo. Desde que la víctima es notificada de que la condena quedó firme, empiezan los diez años, y dentro de ellos deben promoverse las actuaciones para fijar la cantidad líquida.
El Pleno rechazó la idea de que la prescripción sólo comienza cuando existe una cantidad líquida. Esa interpretación, dijo, crea una regla que la ley no prevé, deja sin efecto el plazo legal, mantiene a la persona sentenciada en incertidumbre sobre cuándo se le cobrará la pena y puede alargar el plazo de manera indefinida, incluso más allá de la duración de la prisión. Los principios de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales protegen por igual a la víctima y a la persona sentenciada.
Jurisprudencia · Pleno de la Suprema Corte · P./J. 225/2026 (12a.) · registro digital 2032920. Amparo en revisión 433/2025, resuelto el 18 de marzo de 2026 por mayoría de ocho votos. Obligatoria desde el 17 de noviembre de 2026.
Alcance de las dos jurisprudencias
Ambas se dictaron con el Código Penal de Coahuila vigente en 2006, y así lo indican sus rubros. Su aplicación directa se limita a esa legislación. Las razones que las sostienen, sin embargo, descansan en el derecho constitucional de la víctima a la reparación integral y en los principios de legalidad y seguridad jurídica, y pueden invocarse como orientación cuando otra legislación plantee la misma cuestión.
Consecuencias prácticas
- La víctima debe contar con asesor jurídico y con domicilio o medio de notificación actualizado en el expediente, para que la notificación de la sentencia firme le llegue personalmente.
- Una vez notificada, debe promover cuanto antes la cuantificación de la reparación en el procedimiento de ejecución. Esa gestión no detiene el plazo de prescripción.
- Para la persona sentenciada, el criterio da certeza: el plazo corre desde una fecha que puede verificarse en el expediente, y la falta de una cantidad líquida no lo prolonga.
Plazo de la víctima para apelar cuando el juez no vincula a proceso y sobresee la causa
Si en la audiencia inicial el juez dicta auto de no vinculación y sobresee toda la causa, el plazo para apelar es de cinco días
SOBRESEIMIENTO TOTAL DE LA CAUSA PENAL. EL PLAZO PARA APELAR LA RESOLUCIÓN QUE LO DICTA, EMITIDA EN AUDIENCIA INICIAL, ES DE CINCO DÍAS.
La parte ofendida apeló la resolución en que el juez de control, en la audiencia inicial, no vinculó a proceso al imputado y sobreseyó toda la causa. La apelación se declaró inadmisible por extemporánea, y el tribunal de alzada declaró improcedente la revocación que la parte ofendida promovió contra esa decisión.
El colegiado sostuvo que el plazo para apelar esa resolución es de cinco días. El artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales concede tres días para apelar autos y cinco para apelar la sentencia definitiva. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento e impide una nueva persecución por el mismo hecho (artículo 328). Por ello, la resolución que en la audiencia inicial niega la vinculación y sobresee la causa se equipara a una sentencia que decide en definitiva, y el plazo para apelarla es de cinco días.
Tesis aislada · Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito · IV.2o.P.6 P (12a.) · registro digital 2032887. Amparo directo 33/2026, resuelto el 18 de junio de 2026 por unanimidad. Publicada el 6 de noviembre de 2026.
Al tratarse de una tesis aislada, otros tribunales pueden sostener que el plazo es de tres días. La recomendación para la víctima es apelar dentro de los tres días y, si por cualquier causa la apelación se presentó en el cuarto o quinto día, invocar este criterio.
Los criterios completos de cada semana pueden consultarse en Criterios de la semana.
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Este texto tiene carácter informativo y no constituye asesoría para un caso concreto, cuya solución depende de sus documentos y fechas.
